POR CARLOS HERRERA DELGÁNS
Si hay una región que ha sufrido los estragos de la privatización de los servicios públicos domiciliarios –SPD– es la caribe. Desde que entró a regir la ley 142 de 1994 el inconformismo de los consumidores no ha dejado de manifestarse. Las calles y las oficinas de las prestadoras han sido tomadas por los indignados usuarios que con facturas y contadores en las manos protestan por los altos costos de los recibos y la pésima prestación de estos.
No hay barrio alguno donde no haya usuarios airados por el aumento desmesurado en la facturación del servicio de energía eléctrica, que en plena temporada de invierno el costo se disparó, no por consumo sino por las altas tarifas, la cual sigue siendo la manzana de la discordia entre el prestador y consumidor.
Por mucho que los usuarios se esfuercen en reducir los consumos el régimen tarifario no da concesión alguna para esto, puesto que la tarifa, en el caso del servicio de fluido eléctrico, está atado al Índice de Precio al Consumidor –IPC– o inflación. La Región Caribe, padece en carne propia estos incrementos desmesurados, por la pésima infraestructura con que se presta el servicio, el cual genera grandes pérdidas técnicas y negras a la empresa, que termina trasladando al usuario vía tarifa.
Por mucha voluntad que tengan los usuarios de acudir a las vías de hecho para protestas, quemar las facturas, retirar los medidores etcétera, al sistema no se le ablandará el corazón por su génesis natural. Prestar SPD en Colombia se convirtió en el mejor negocio de los últimos años, por aquello que le vendieron la idea a los gobiernos de turno que debían despojarse de las excesivas obligaciones con los sectores vulnerables. Y le recalcaban al oído al mandatario el famoso refrán popular: “Nadie sabe cuánto pesa el saco hasta que lo carga”. Barranquilla es pionera en Colombia en la privatización de los servicios esenciales. No hay un solo SPD en la ciudad que sea prestado por el Estado. Caso contrario de ciudades como, para mencionar algunas, Medellín, Cali y Bogotá, en el que los servicios son suministrados por empresas oficiales con excelentes índices de gestión. Por lo que es vago el argumento de los privados de que el Estado es pésimo prestador. La experiencia en estas ciudades ha demostrado que los usuarios sienten que una empresa suya les presta un servicio en óptimas condiciones, continuo, de buena calidad y a un costo razonable.
La Región Caribe en cabeza de la capital del Atlántico sufre los estragos de una mala prestación del servicio de energía eléctrica, que por mucho que el Gobierno Nacional sustituya el operador, este no ha logrado regularlo a satisfacción de quien lo recibe y lo paga. De ahí que les hayan insistido a las autoridades gubernamentales que la fiebre no está en las sábanas sino en el enfermo, que cada día ven desmejorado su calidad de vida por las altas facturas que les corresponde asumir, como consecuencia de las elevadas tarifas del kw/hora. Solamente hay que tomar una factura del servicio de la empresa Air-e del mes de enero de este año y compararla con la de agosto para establecer la cascada de aumentos que ha sufrido el servicio.
El desgaste asumido por los usuarios en jornadas de protestas prolongadas para presionar a que la empresa no abuse de su posición dominante es una lucha que no se ha ganado, puesto que en los detalles es donde está metido el demonio. La fórmula tarifaria diseñada y elaborada por la Comisión de Regulación de Energía y GAS –CREG, tienen las uñas metidas hasta el fondo los grandes conglomerados económicos para que el negocio sea rentable, muy rentable, por el hecho de ser monopolio natural.
Mientras los ciudadanos observan en las calles abundante frutas a bajo costos, por la época de cosecha, en el caso del servicio de energía eléctrica, a pesar de que los embalses rebosan la cota, este fenómeno no se refleja en la disminución del precio en la tarifa.
¿Por qué se da este fenómeno?
En Colombia rigen dos modalidades de compra y venta de energía eléctrica. La primera la aplican los comercializadores, caso en la Región Caribe Air-e, la cual suscribe un contrato a mediano plazo, que puede ser de 3 a 5 años, con precios establecidos, sin importar fenómenos naturales como el invierno y el verano, caso de la Niña o el Niño, los precios se mantienen en dichas temporadas, para garantizar de esta manera los estados financieros de los productores y en si el suministro continuo del servicio. En el caso de que la sequía se prologue más de lo estipulado, caso del fenómeno del Niño, el sistema acude al plan B, el cual es encender las térmicas, las cuales como se sabrá, funcionan a gas natural y a carbón. Al acudirse a estos salvavidas por los elevados costos, las empresas reajustan las tarifas que le trasladan al usuario vía tarifa para garantizar la continuidad del servicio.
Entre el 80 y 90 por ciento de los comercializadores se acogen a la figura de la compra de energía a mediano plazo. Mientras que el restante porcentaje, es decir, 20 o 10 por ciento lo hace por la comprar de energía en bolsa, lo cual es volátil, puesto que los generadores ofrecen precios de un día para otro, lo cual se refleja en el bajo costo del precio, beneficioso para el que la compra, pero no para el que la consume, puesto que el usuario no ve reducción en el precio de la tarifa.
El panorama sigue siendo desalentador para los usuarios, que no ven un beneficio de ahorro en las dos opciones, causa principal de las elevadas facturas. Por lo que se hace necesario que la discusión se lleve a otro escenario como es la revisión del sistema o régimen tarifario, causante de que la tarifa siempre este en aumento, tanto en época de sequía como de invierno, lo cual es deprimente para el consumidor final, que siempre estará quejándose de las altas facturas y de la mala prestación del servicio.
Es conveniente en este momento, por el comienzo de un nuevo gobierno, se ponga la lupa a las fórmulas tarifaria de los SPD, principal meollo en la prestación, puesto, caso de la Región Caribe, al ser los mayores consumidores de estos, por el clima caluroso de la zona, estemos pagando elevadas facturas por los altos precios en la tarifa, la cual no disminuye, todo lo contrario, aumenta en detrimento del consumidor final, que se convirtió en la gallinita de los huevos de oro de las prestadoras.
De ahí que la gran defensora de este sistema salvaje y perverso sea la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –Andesco–, agremiación que defiende lo suyo por los beneficios enormes que obtiene sus asociados, mientras el usuario toca defenderse solo, acudiendo a la protesta como medio de defensa para ser escuchados. Iniciativa válida, pero que termina asfixiada por el sistema.
A los valerosos usuarios y organizaciones sociales defensoras de los derechos de los consumidores, es pertinente hacer un llamado para que la discusión se enfoque en el sistema tarifario con que se facturan los SPD, porque es la única salida de que la tarifa disminuya en época en que los embalse estén rebosados, y cambiar la literatura que los servicios esenciales son una mercancía que debe dejar grandes dividendos a los privados, cuando de estos depende la existencia de la raza humana.
Será esta la conquista que se prolongue en el tiempo y no medidas cortoplacistas en que las empresas prestadoras terminan sofocando la revuelta bajando deudas a un grupo de inconformes, mientras el resto lleva del bulto.