POR CARLOS HERRERA DELGÁNS
Cada vez que el presidente Gustavo Petro anuncia una medida de gobierno el país de los avispados siente que el mundo se les viene encima. No es para menos, los privilegios que disfrutan desde la creación de la Constitución de 1991 no les había sido amenazado por gobierno alguno, de ahí el descuadre de las finanzas del país, que cada vez se incrementa, como bola de nieve, por la pésima gestión de los gobiernos de turno al encontrar como única medida para ejecutar sus planes de desarrollo aumentar la deuda pública con la feria de empréstitos a la banca privada. Como si los dineros públicos estiraran como una liga.
Desde el municipio de Duitama el jefe de Estado anunció ante la organización comunal que retomará las funciones presidenciales entregadas a las comisiones de regulación, las cuales están establecidas en el artículo 68 al 74 de la ley 142 de 1994, entre las que se encuentra diseñar el marco tarifario para que las prestadoras elaboren las tarifas a facturar a los usuarios por la prestación del servicio público domiciliario. Fundamenta el presidente Petro el anuncio citando el artículo 370 de la C.N, el cual lo reviste de tal función.
¿Por qué de la decisión del presidente?
El alto incremento del valor del kilovatio/hora (Kw/h) en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 obligó al gobierno buscar alternativas con las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras del servicio para bajar el valor que se trepó por encima de los $800. De ahí que la ministra de Minas y Energía Irene Vallejo se inventó la figura de ‘La Justicia Tarifaria’, en el que todos ponen, con el único fin de bajar el impacto del valor de la tarifa, donde los más perjudicados resultaron siendo los usuarios subsidiados, por sus precarias condiciones de pago.
Muchas fueron las voces que se solidarizaron con la medida, con el ánimo de que cada quien colocara su granito de arena a la bolsa común creada por la ministra, pero pocas las que tuvieron voluntad de cumplir con bajar el valor del kw/h vía tarifa.
En el estrato 3 en el que resido el valor del kw/h para el periodo del 24/12/2022 al 20/01/2023, fue de $865.16, faltando el aumento del año que está por llegar, según lo han anunciado la empresa. Es decir, los usuarios debemos agarrarnos de una baranda, para no caernos, cuando llegue el sipotazo del aumento del servicio de año nuevo.
Con ese pronóstico el valor del kw/h sobrepasará sin lugar a duda la barrera de los $1000 para iniciar el primer mes del año con los incrementos mensuales producto de la turbulencia del mercado, por estar atado el servicio de energía eléctrica, como el resto, al Índice de Precios al Consumidos —IPC—.
Precisamente esa fórmula neoliberal es lo que ha convertido los servicios públicos domiciliarios en un jugoso negocio para los privados y no en un servicio esencial para la sobrevivencia del ser humano, puesto que el que no tenga capacidad de pagar los elevados costos de estos no tendrá ninguna posibilidad de recibirlos. La figura de servicios esenciales poco le importa al sistema, puesto que si no factura no gana y si no gana no le es rentable seguir en el negocio, como ellos llaman.
El presidente Petro anuncia la medida enhorabuena, por falta de voluntad de muchas empresas prestadoras de no bajar el valor de la tarifa tal como se había acordado con el Gobierno Nacional. Más irritó al primer mandatario de los colombianos que los embalses rebosan, lo cual no justifica la negativa de las prestadoras. En ese egoísmo visceral, la Región Caribe lleva la peor parte, puesto que el incremento fue mayor que en el resto del país. Según el DANE, el incremento del valor por kw/h fue del 40 por ciento, lo cual es desfasado por la actual situación económica que vive el país por el aumento de la inflación, siendo la costa norte la mayor consumidora de energía eléctrica y agua potable por su climatología.
Una de las medidas que implementará seguramente el presidente Petro, en el decreto ad portas de ver la luz, es que las tarifas no estén atadas al IPC (inflación) para que esta no se vea afectada por la turbulencia del mercado, que es lo que está sucediendo actualmente. De ahí que la prestación de los servicios públicos domiciliarios sea tan atractiva para los inversionistas por la alta rentabilidad que produce.
Buscará el mandatario que los servicios públicos domiciliarios no sigan siendo como la salud, un excelente negocio de unos privados, mientras la población siga llevando la peor carga. Caso de la ciudad de Barranquilla donde los gobernantes de turno decidieron irresponsablemente privatizar los servicios esenciales, no para beneficiar a los usuarios en la calidad de la prestación y valor de la tarifa, sino para lucrarse también de la negociación. Caso Triple A E.S.P y Air-e E.S.P, donde empresarios del distrito tienen metidas las manos.
El decreto que está por salir de la Casa de Nariño tendrá sustanciales modificaciones en la regulación, para cambiar el concepto que los servicios públicos domiciliaron son un buen negocio por las jugosas ganancias que produce, sino todo lo contrario, que sean realmente esenciales como lo dispone imperativamente el marco constitucional, reglamentado por una ley especial como la 142 de 1994. De esa forma se puede hablar de una tarifa social o diferencial, donde la población pague justamente el valor de un kilovatio o un mts3 de agua acorde al estrato donde resida.
Lo que uno lograr ver en los ojos del presidente Petro es el interés es estatizar los servicios públicos domiciliarios para que estos dejen de ser un gran negocio de pocos y regresen al seno del Estado. Caso de Bogotá, Medellín y Cali referentes en la prestación y facturación. De ser así, las ganancias que genere la prestación no se repartirán entre socios, sino que estas se reinvertirán en una mejor prestación del servicio, por el hecho que estos dejaron de ser un gran negocio.
No como lo plantea Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones —ANDESCO—, al manifestar que “Sabemos que hay personas que no pueden pagar, para esto los subsidios que otorga el Gobierno se deben focalizar de mejor manera y destinar parte de los recursos que se han recogido con la tributaria para ayudar a estas familias. Además, aquí tenemos subsidios cruzados con los cuales los estratos 5 y 6, industriales y comerciales, ayudan a financiar a los estratos 1, 2 y 3”.
La decisión no puede ser de forma sino de fondo para que esta no sea una medida populista o coyuntural, sino en resolver un grave problema que arrastra desde la creación de la Constitución de 1991 y reglamentada por la ley 142 de 1994, como es que los sectores subsidiados puedan gozar de excelentes servicios esenciales con tarifas acorde al bolsillo.
A grandes males, grandes remedios, la estatización puede ser la solución que busca afanosamente el presidente Petro para hacerle frente a la embestida de las altas tarifas que produce la turbulencia del mercado. El decreto presidencial a salir estará enfocado en esa figura que seduce al presidente.