POR CARLOS HERRERA DELGÁNS
«Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, parodiando el refrán popular que acopla en las decisiones tomadas por el presidente Gustavo Petro, que en menos de 15 días de mandato ha enviado claros mensajes a la ciudadanía que lo prometido en campaña lo empezó a cumplir en el solio de Bolívar. Lo que los analistas llaman coherencia.
El primer abreboca fue la presentación del proyecto de reforma tributaria que busca como sabueso, que los ricos paguen por primera vez impuestos por los bienes improductivos y capitales cuyo monto sea superior a los $3.000 mil millones. Otro fue acabar el odioso 4×1000 a transacciones menores de $13,3 millones y gravar las bebidas azucaradas principal causante de enfermedades de obesidad y diabetes en la población.
Otra de las decisiones fue el desmonte de las famosas nóminas paralelas, conocidas como Contrato de prestación de Servicios –OPS–, que no es más que una planta de personal por fuera del registro de servidores públicos. Determinación que deja cesante a miles de personas, muchas responsables de las tareas asignadas, otras, por el contrario, mal acostumbradas a cobrar sin laborar. Además de esta, se suprimen 120 cargos de Palacio y consejerías inoficiosas. Lo que los economistas denominan desangre del presupuesto.
El anuncio del presidente Petro, que llamó poderosamente la atención, fue el asiento que entrega a la sociedad civil en los Consejos de Seguridad Nacional, para que sea parte de la discusión y también de la solución en la alteración del orden público. Que se tenga memoria, nunca antes un gobierno había tenido este gesto con la ciudadanía.
La de mayor impacto fue la que le devuelve las horas extras a la clase trabajadora. Esa sí que levantó una polvareda en el sector industrial y empresarial del país, al reducir las horas de trabajo de 11 a 8 diarias, lo que para muchos es un esclavismo disfrazado.
Con el proyecto de ley presentado por el partido Liberal, el cual se adelantó al anuncio de la ministra del Trabajo Gloria Ramírez, quien había adelantado esta primicia de modificar la ley 789 de 2002, la cual establece que “los recargos nocturnos a trabajadores no se pagarán a partir de las 6 de la tarde sino desde las 10:00 de la noche”. Posteriormente se disminuyó una hora, para pagar extras a partir de las 9:00 de la noche.
No podemos dejar pasar por alto la poda a las fuerzas militares y de policía. Vaya que el presidente Petro sorprendió a Raymundo y todo el mundo con el anuncio en su cuenta de twitter de la salida de generales del Ejército y de la Policía Nacional. Eso sí que dolió a los guerreristas.
No se cansa el mandatario de insistir que la corrupción anida en las fuerzas del orden, que dejaron de proteger a la población civil para aliarse con las más temibles bandas del narcotráfico. E incluso, generales del ejército y la policía incluidos en la nómina de los carteles de las mafias. Todo oculto en los gobiernos de turno, el cual les apestaba, pero no se atrevían a tomar decisiones por estar untados. De ahí que las organizaciones al margen de la ley se volvieron inalcanzables para la justicia por la alianza que sostienen con las fuerzas del orden. Se vio en el gobierno que acaba de culminar.
Colombia se volvió un Estado fallido, puesto que las autoridades andan dispersas, cada una por su lado, sin poder condensar decisiones conjuntas que golpeé la ilegalidad. No hay vasos comunicantes entre estas para operar en un solo cuerpo y que arroje resultados contundentes. Los tres poderes colapsaron por desviarse del espíritu del Estado Social de Derecho.
La lucha fratricida entre el ejecutivo y el judicial trajo una amarga experiencia, en la que los ciudadanos perciben que la batalla contra la ilegalidad se está perdiendo. Noches tenebrosas viven los colombianos en esa disputa entre el bien y el mal.
Al perderse la autoridad institucional lo ilegal se sentó a poner condiciones. Por eso vemos disparada la corrupción, que galopa sin jinete, la inseguridad incontrolable, el desempleo y la informalidad desbordadas, por un Estado que no es capaz de brindar bienestar a la población, porque los dineros públicos se los roban sin remordimiento alguno los delincuentes de cuello blanco, sin que la justicia los persiga, por estar untada de esa corruptela.
La gobernabilidad no ha servido sino para que los clanes políticos se enriquezcan descaradamente y los jueces y los fiscales acoliten los casos más aberrantes de injusticia, ya que los que deberían estar tras las rejas son cobijados con las penas más irrisorias y premiados a pagar la condena en el calor del hogar. Es la trampa que le metieron a la ley los que las hacen. Mientras que un delincuente común por despojar de sus pertenencias a un despistado transeúnte es ajusticiado con la rigurosidad de la ley.
Convivimos en un Estado azotado por muchas plagas que lo corroen por dentro. No la tiene fácil el presidente Petro de desparasitar el país de tantos males enquistados, los cuales han ultrajado a la nación de sus riquezas y despojado a la gente de su dignidad.
Lo importante es que hay voluntad política por parte del presidente de la República para gobernar contra la ilegalidad, la cual tiene las horas contadas.