En Barranquilla se anuncia que las clases presenciales en los colegios oficiales se iniciarán plenamente desde el 19 julio, como se estableció en el calendario académico para el año lectivo 2021.
El Distrito cuenta con 154 instituciones educativas, algunas con dos y tres sedes, 210 mil estudiantes y unos 7.000 profesores.
La Secretaría de Educación presentó ante el Ministerio de Educación el plan de regreso seguro, gradual y progresivo a clases en las instituciones públicas y privadas.
Preparándose para este objetivo, se han invertido 8.700 millones de pesos en Barranquilla, de los cuales 6.600 millones corresponden a recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que fueron ejecutados en la compra de insumos, elementos de protección, señalización y adecuaciones de infraestructura en algunas IED.
Los otros 2.100 millones corresponden a recursos del Distrito, que fueron asignados para mejoramientos específicos y mantenimientos generales en 28 instituciones educativas.
Otra cosa piensa la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), que estima que en estos momentos en no menos de 50 instituciones educativas no están dadas las condiciones mínimas para el retorno a la presencialidad.
El presidente de la organización sindical, José Jiménez, enfatiza en que en muchos de estos colegios las aulas de clases están en malas condiciones, como quiera que llevan años esperando ser intervenidas. Jiménez aseguró que tienen un inventario del mal estado de por lo menos 50 instituciones educativas, elaborado por los padres de familia, rectores y profesores.
Citó como ejemplo casos puntuales como la Nacional de Comercio; la Institución Cívica, del barrio 7 de Abril, y el Centro de Educación Básica, de la vereda Las Nubes.
“Aquí no hay luz, ni alcantarillado. Para entrar toca hacerlo con botas pantaneras”, aseguró Jiménez, al informar que en este último colegio, en la zona rural de la ciudad, estudian unos 200 niños.
El retorno a la actividad académica presencial ha sido respaldado por entes como la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado, que ya se han pronunciado.
Las instituciones educativas deben radicar el protocolo de bioseguridad, indicando la fecha de inicio de presencialidad con estudiantes. Toca esperar si en estas casi tres semanas que faltan para el retorno a los colegios, el Distrito, el sindicato de profesores y los padres de familia se ponen de acuerdo para un regreso a clases seguro y que lo que ordena la ley no sea letra muerta.