Edwin Palma habló de los retos de administrar la empresa. El próximo 12 de enero deberá entregar un informe para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tome una decisión definitiva. Por: Angélica M. Gómez
Air-e, la empresa que nació de la liquidación de Electricaribe para proveer de energía a los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, fue intervenida por su falta de liquidez para pagar a las empresas generadoras de energía eléctrica y por solicitud de sus mismos dueños al Gobierno.
Mientras el Gobierno hace lo posible por cumplirles la promesa de disminuir el valor de su factura de electricidad a los habitantes de los tres departamentos, la empresa va por su segundo agente interventor, que habló con CAMBIO sobre los retos y el futuro de la compañía, así como de las responsabilidades de su actual estado financiero.
CAMBIO: ¿Cómo va la puesta al día de las cuentas de Air-e?
Edwin Palma: La situación, como todo el mundo lo sabe, no es fácil. Y en la medida en que la empresa sigue tan expuesta a la bolsa de energía, se va complicando. Ese es el reto más inmediato: bajar la exposición a bolsa y conseguir energía a buen precio para que podamos estar tranquilos por el suministro del servicio. También necesitamos mantener al menos los mismos niveles de recaudo para financiar la operación.
La labor del agente especial, inicialmente, es prestar el servicio público social de la energía en las mejores condiciones posibles y hacer el diagnóstico para que sea la Superintendencia de Servicios Públicos la que tome la determinación que en derecho corresponde. Estoy en esa labor con todo el equipo y esperamos tener ese informe en los términos de ley, que vencen el 12 de enero. Ya en adelante, las decisiones corresponden a la Superintendencia y al Gobierno nacional.
CAMBIO: ¿Cómo se enfrenta ese reto de conseguir energía más barata?
E.P.: Tenemos que tratar de garantizar la compra de energía, pero nadie nos quiere vender energía porque no hay respaldo financiero. Por regla general hay distintas formas de respaldar esas deudas o esas compras de energía, como los pagos bancarios, los prepagos, pólizas, en fin, pero ahora las aseguradoras no quieren asegurarnos y los bancos no nos quieren respaldar por obvias razones. Entonces estamos trabajando con el Fondo Nacional de Garantías para revisar la posibilidad de que sea el Estado el que nos dé esas garantías. Se está revisando técnicamente si se puede o si no se puede. Si se puede, hasta dónde se puede. Creemos que eso sería un muy buen mensaje de respaldo financiero porque al final es la nación, y una vez tengamos habilitado ese camino, esperamos que también se nos habilite el camino regulatorio por parte de la Creg y el Ministerio de Minas y Energía que nos permita contratar directamente y no a través de la bolsa para reducir lo que más podamos esa exposición.
Esta es la tarea más compleja y más intensa que hemos tenido en los últimos días con XM, las generadoras, y las autoridades del Gobierno nacional involucradas. En paralelo, buscamos cómo saldar la factura de XM. En este preciso momento estamos tratando de conciliar un acuerdo de pago con cerca de 12 generadoras que nos permita mantener con ellos. Estas han sido jornadas maratónicas para tener la energía necesaria para mantener encendidos a estos tres departamentos.
CAMBIO: ¿Bajo qué condiciones están firmando esos acuerdos y comprando nueva energía para los próximos meses?
E.P.: Por disposición expresa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y del acto de toma de posesión de Air-e, se suspendieron todos los pagos anteriores al 12 de septiembre, salvo autorización de la Superintendencia. De esa fecha en adelante, como tenemos la obligación de administrar, hay que mantener la operación. Todos los meses estamos comprando energía y eso va generando deudas adicionales a los costos de operación, que generalmente se logran sostener con el recaudo que tenemos. Pero eso se vuelve un círculo vicioso: si la gente no paga, y además tolera el robo de energía, la empresa no puede invertir, no puede facturar. Entonces no puede recaudar y, por lo tanto, no puede comprar energía.
Para mantener la operación necesitamos recursos, pero la mayoría se han ido en compra de energía que ha estado muy costosa. Por eso estamos acumulando una deuda grandísima. La factura del 18 de noviembre fue cercana a los 398.000 millones de pesos, cuando nosotros apenas teníamos en caja la posibilidad de pagar 70.000 millones de pesos. Aquí aparece el fondo empresarial de la Superservicios a apoyarnos con 100.000 millones de pesos y el Ministerio de Energía, que pagará parte de los subsidios que nos deben. Hay una promesa de pagarnos 150.000 millones de pesos en la segunda o tercera semana de diciembre, con lo cual podemos comprometernos a pagar esa factura de noviembre. Pero mientras salimos de la deuda de noviembre, ya se nos va acumulando la de diciembre. Estamos en esa situación mientras logramos estabilizar la operación de la empresa, bajar la tarifa, en especial de generación.
A esta compañía todo el mundo le ha echado la culpa, pero todo el mundo tiene un poquito de responsabilidad, tanto el usuario que no paga como la persona que roba, como el ente territorial que no le paga porque también hay municipios e instituciones oficiales que nos deben. Con todas esas deudas, a la empresa se le va generando un problema de caja muy complejo.
CAMBIO: ¿Cómo va ese reto de bajar la tarifa?
E.P.: Bajar la tarifa implica varias tareas, unas de ajustes regulatorios que están en cabeza del ministerio, en cabeza de la Creg, y que ahí van. Uno quisiera que fueran a otra velocidad, pero no es así porque todo tiene su complicación. Este es el país de las normas jurídicas que ralentizan, que impiden, que obstaculizan tomar decisiones. Más los entes de control encima; es decir, todo el mundo también teme tomar una decisión en un sentido o en el otro.
Además, preliminarmente, la misma empresa. Por ejemplo, hemos encontrado y será parte del informe, que debió hacer unas inversiones en el año 2023 que no se hicieron, insisto, preliminarmente, porque estamos detallando todo eso, y haciendo zoom en eso. También tiene un impacto en la tarifa por vía de pérdidas técnicas, que se suman a las no técnicas.
La tarifa está compuesta por distintas variables que toca ir incidiendo. Es una tarea interinstitucional que también depende de, insisto, de que el círculo vicioso se rompa, porque si los niveles de pérdidas son altos la empresa, entre comillas, es castigada en el factor de pérdidas de la tarifa y todo eso tiene un impacto. El anterior interventor, como él mismo lo ha señalado, tomó la decisión de diferir el saldo que quedaba de la opción tarifaria a diez años, lo cual significó una reducción de cerca del 20 por ciento en la tarifa.
El otro tema tiene que ver con el pago a terceros, que encarece el recibo. Lo más preliminar que vemos de esos tres cobros adicionales es que podría removerse, o al menos facturarse por separado la tasa de seguridad y convivencia que tiene el departamento de Atlántico. Es un tema que estamos revisando. Aquí, el gobernador dijo que eso eran pañitos de agua tibia porque lo que hay es que impactar la tarifa, pero al final la persona termina pagando un valor en la factura de energía que es cerca del 20 a 25 por ciento, dependiendo del municipio, y que no corresponde al tema de energía. Pero el costo político lo carga la compañía. Aquí cada quién debería asumir la responsabilidad sobre el pedacito que le corresponde en este debate público, y que está tan caliente como el clima de estas tierras.
CAMBIO: Justamente el superintendente anterior decía que parte del debate se basa en arreglar el recaudo regional…
E.P.: Sí. Este tema de la tasa de seguridad no existe en otros lugares. Entiendo que no existe en otros departamentos. Incluso, recientemente vimos al gobernador de Antioquia enfrentado a su copartidario, el alcalde de Medellín, por la intención de poner una tasa departamental y sumarla a la tarifa de energía. Aquí eso ya lleva años, y todo el mundo le ha echado la culpa a la empresa porque cumple el papel de recaudar, pero deben echarle la culpa a quien originó la tasa. En este caso, a la Asamblea y, obviamente, a las gobernaciones, que no solamente la impusieron, sino que también la han sostenido en el tiempo. El papel que cumple el distribuidor de energía es simplemente recaudar, pero eso políticamente la gente no lo entiende: la gente lo que ve es un número de la factura que hay que pagar.
CAMBIO: Volvamos al tema de este círculo vicioso, porque usted hizo un acuerdo con los grupos de los trabajadores justamente para incentivar que las comunidades paguen el servicio, ¿Eso en qué va?
E.P.: Aquí por fortuna he encontrado una organización sindical antigua, de trayectoria, de sector, no solamente de la empresa. Hay varias organizaciones sindicales, pero la mayoritaria es Sintraelecol, que hacen ese sindicalismo que siempre he defendido. Es un sindicalismo sociopolítico, no solo reivindican sus aspiraciones laborales, que es una de las funciones del sindicato, sino que trabajan con los usuarios, con las comunidades.
Ya hemos hecho varios acuerdos y espero mantener esa dinámica. Es su compromiso, pero el primero es obtener su compromiso para trabajar de la mano en los indicadores de pérdidas y recaudo, señalando que, si nos funciona este ejercicio conjunto, es la demostración de que un sindicato puede cogestionar una empresa y les damos los créditos a los trabajadores y a sus representantes. Es decir, disminuir pérdidas, sobre todo pérdidas técnicas. Las pérdidas no técnicas también se pueden disminuir vía persuasión, vía trabajo con las ligas de usuarios, vía trabajo con comunidades, concretamente que la gente no robe energía y también aumentar los niveles de recaudo, invitando a la gente a pagar oportunamente la tarifa. Entonces creo que ese trabajo conjunto con las organizaciones de los trabajadores es fundamental, porque al final son ellos y su esfuerzo y su trabajo los que permiten mantener encendida esta empresa.
CAMBIO: Es decir, que todavía no se sabe si la empresa va a seguir en manos de la Superintendencia, se le va a devolver a sus dueños o se liquidará…
E.P.: No, porque eso depende precisamente del informe sobre cómo encontramos la empresa, qué sucedió para que la empresa llegara a esta situación para que incluso la misma empresa pida que se tome, y si tiene viabilidad a futuro. Como lo he dicho, este documento lo estamos construyendo también con datos, con hechos, con evidencias, para ver realmente qué pasó. Según la ley solo hay tres caminos: la integración o la administración temporal o la administración con fines de liquidación, pero insisto en que es una decisión en manos de la Superintendencia.