No estaba programado para escribir este artículo de última hora, pero una decisión de la empresa Air-e tomó por sorpresa a todo el mundo al deja en libertad a los usuarios a cancelar el valor de la tasa de seguridad que cobra en la factura de energía eléctrica, exponiendo al departamento a incumplir las obligaciones con la banca y acreedores y lo más complicado, sin un plan inmediato para encarar la tragedia que empezó hacer estragos.
La noticia tomó por sorpresa al gobierno departamental que al enterarse por la prensa de la primicia busca afanosamente restablecer el diálogo con la empresa para convencerla de que retire la medida con el fin de que los usuarios continúen cancelando la obligación. La decisión empezó a implementarse este martes 6 de mayo y para los usuarios es un alivio al bolsillo al ahorrarse unos pesos mensual por el no pago del tributo que, entre otras cosas, no goza de la simpatía de la gente al no ver resultados del dinero que cancelan mensualmente a la Gobernación ante la arremetida de los delincuentes.
La empresa y la Gobernación venían dialogando pacíficamente sobre el tributo. La prestadora asumió la posición que para el usuario es inconvenientes el valor del pago, e incluso, se propuso bajar el valor para facilitar su cancelación, pero el ente territorial se atornillo en el cobro con el argumento de tener compromisos adquiridos con la banca al estar comprometido gran parte del recaudo, que entre otras cosas, se esfuma en los bolsillos de contratistas amigos del gobernador sin ningún beneficio a los que lo pagan. El gobierno departamental asegura que los resultados se ven a la vista, entretanto, los ciudadanos proponen contratar al inspector Gadget para que las encuentre con su poderosa lupa, porque no los ven por ningún lado.
En lo que va transcurrido de la administración de Eduardo Verano la Asamblea Departamental autorizó dos empréstitos pagaderos a 10 años pignorando el recaudo de la tasa de seguridad: el primero por $1 billón con destino a combatir la delincuencia en el Área Metropolita de Barranquilla y el segundo por $200.000 millones para ser invertidos con el mismo objeto en el resto de municipios del departamento. Dineros que viene desembolsando la banca por etapas.
Para el primer prestado el gobernador Verano designo como administrador al alcalde Alex Char, quien se encargará de garantizar la seguridad en los municipios del Área Metropolitana, mientras que el segundo empréstito será la misma Gobernación la responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos de los 18 municipios restantes, como siempre ha sido. Despojarse de esa responsabilidad tiene implicaciones en el mediano plazo.
En el primer empréstito la Gobernación del Atlántico deja la sensación de no contar con el personal calificado para diseñar e implementar estrategias para combatir con éxito los grupos delincuenciales al despojarse de dicha responsabilidad para cederla a la Alcaldía de Barranquilla para de esta manera garantizar la tranquilidad a los ciudadanos del Área Metropolitana. No queda claro si dicha delegación es un compromiso político en campaña o el gobernador no es lo suficientemente capaz de enfrentar los grupos delincuenciales con el recaudo de la tasa de seguridad. El tema no está claro, al no tomarse la molestia el mandatario, como buen demócrata que es, de explicar a los diputados y a la ciudadanía dicha decisión.
La medida premeditada de la empresa Air-e de buscar alivios a los usuarios es una salida en falso al no beneficiar en absoluto al consumidor al invitarlo a eludir el pago del valor de la tasa de seguridad, puesto que al no cancelarlo crecerá como una bola de nieve y en cualquier momento la Gobernación cobrara la deuda acumulada con intereses moratorios, ya sea mediante el cobro coactivo o por demanda ante los juzgados.
Por mandato expreso de una ordenanza la empresa prestadora carga en su factura el valor de la contribución del cual se beneficia del recaudo al descontar por la derecha un porcentaje y el restante lo gira a la cuenta de la Gobernación del Atlántico. A grosso modo Air-e se pegó un tiro en el pie al renunciar al porcentaje del recaudo cuando atraviesa una difícil crisis financiera.
Meses antes la Alcaldía de Barranquilla decidió prescindir de los servicios de la empresa Air-e en la facturación del servicio de alumbrado público al trasladarlo a la empresa Triple A, por las fricciones políticas entre el Gobierno Nacional y el alcalde Alex Char. Es el mismo camino que tomará la Gobernación del Atlántico en el evento en que la empresa mantenga la medida de dejar en libertad a los usuarios de pagar el valor de la tasa de seguridad.
La Gobernación del Atlántico se encuentra herida de muerte al no ser comunicada oficialmente por la prestadora sobre la medida, por lo que ha anunciado que emprenderá medidas jurídicas para obligarla a continuar con el recaudo del tributo. Mientras se desata la batalla jurídica en los estrados judiciales el recaudo de la tasa de seguridad merma al acogerse el usuario al alivio que le brinda generosamente la empresa, para de esta manera colocar en una situación financiera incomoda al ente territorial al no disponer del recaudo programado para 2025.
Uno de los perjudicados directo con la decisión de la empresa es la banca al encontrarse con la dificultad de descontar del recaudo las cuotas mensuales establecidas por los dos empréstitos a la Gobernación que destino a la seguridad al Área Metropolitana y municipios del Atlántico. ¿Será que los bancos ante semejante situación terminen embargando a la Gobernación en el cumplimiento de las obligaciones? Es viable.
Ante semejante panorama sombrío el gobierno departamental queda ad portas de una crisis financiera nunca antes vista en gobierno alguno al desmoronarse su columna vertebral por una medida populista de la empresa Air-e intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De no encontrar el gobernador una solución en el corto plazo entrará el departamento en una cesación de pago, conllevando a los acreedores acudir a los estrados judiciales para obligar al ente territorial cumplir con el pago de la obligación, complicando aún más su situación financiera.
El zarpazo asestado a las finanzas del departamento ha sido devastador así muchos lo vean como una medida de corte técnico, el trasfondo es político. Al gobernador Verano le cobra el Gobierno Nacional sus andanzas con los senadores y organizaciones políticas en oposición al cruzarse como vaca muerte en el camino frustrando de esta manera el avance de las reformas sociales.
El secretario Jurídico de la Gobernación Rachid Nader, en una salida desesperada manifestó a los medios de comunicación que “La Gobernación procederá al cobro coactivo a quienes no paguen la tasa de seguridad”. Posición poco conciliadora y los efectos puede ser adversos al tomar el usuarios represaría contra la Gobernación al negarse seriamente a cancelar el valor del tributo. Es una medida represiva que llama a la desobediencia.
Cada hora que transcurre el gobierno departamental se ahoga en su propia saliva, como si estuviera encerrado en un cuarto sin puertas y ventanas exhalando e inhalando dióxido de carbono. En cuestión de minutos la muerte llega. Duro hueso de roer le corresponde sortear al gobernador Verano, en momentos en que las finanzas del departamento atraviesan su peor momento.
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*Periodista y escritor