La noticia tomó por sorpresa al mundo político. Se desconocía en la ciudad que el alcalde del distrito y varios secretarios de despacho fueron llamados a interrogatorio por un fiscal especializado en la capital de la República. Desde entonces, en Barranquilla no llovía.
La denuncia fue impetrada en junio de 2024 por el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez, para que se investigue al burgomaestre Alejandro Char por los presuntos delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público al desbordar el espíritu del artículo 43 de la ley 599 de 2000 al nombrar el 1º de enero de 2024 a los exconcejales Juan Carlos Ospino, secretario de Cultura; Richard Fernández, secretario de Desarrollo Económico y Andrés Rengifo, Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, los cuales, según el denunciante, están inhabilitados para ocupar cargos en la administración pública al no transcurrir los 12 meses que establecer la norma para ser designados servidores públicos, toda vez que sus periodos en el Concejo culminó el 31 de enero de 2023. Una cuarta funcionaria involucrada en la investigación es Elania Redondo Peña, secretaria de Gestión Humana.
La audiencia inédita se llevó a cabo el pasado 22 de enero donde el alcalde respondió el interrogatorio de un fiscal especializado sobre los hechos materia de investigación. Lo extraño del caso es que los medios de comunicación que cubren el ente de instrucción criminal no informaron a la opinión publica de la diligencia, me imagino, al no enterarse de esta. Tampoco se ha logrado establecer si la diligencia fue virtual o presencial para que haya pasado desapercibida por la nube de periodistas que anidan en la Fiscalía.
Casi tres meses después, de la audiencia, sale a la luz pública en el diario capitalino EL ESPECTADOR en su edición del 14 de abril, sección de Investigación, la noticia sobre la desconocida diligencia. Desde entonces, la prensa ha tratado de comunicarse con el burgomaestre, secretarios y apoderados para conocer reacciones al respecto, pero a la fecha no han obtenido respuesta alguna. El silencio es hermético y de lo que menos quiere hablar el alcalde es de la denuncia. En sus correrías por los barrios elude a los periodistas para no dar declaraciones que lo incomoden y terminen descomponiéndolo de una realidad que lo atormenta y lo persigue como fantasma de castillo.
Para llamar al alcalde Char y a los secretarios a interrogatorio el fiscal del caso practicó algunas pruebas de rigor en las instalaciones del Concejo Distrital para corroborar la denuncia del querellante para de esta manera terminar sentándolos en el banquillo de los acusados. Con el testimonio entregado por los funcionarios y los actos administrativos —decreto de nombramiento y actas de posesión— que reposan en el expediente queda constituida la prueba reina para responsabilizar al mandatario por los presuntos delitos por los que se le investiga y de acuerdo a la valoración del acervo probatorio que realice el fiscal deberá tomar una decisión preventiva, si lo considera prudente por la gravedad de la falta, para salvaguardar el funcionamiento de la administración pública.
Personas conocedoras de la administración pública estiman que el alcalde fue ingenuo al designar a los exconcejales secretarios de despacho cuando la ley lo prohíbe y lo castiga. En la medida en que avance la investigación se conocerán más detalle del llamado, por primera vez, al mandatario Alejandro Char para que responda por sus actos administrativos. Situación que lo tiene descontrolado y de mal humor al sentir que por primera vez la justicia lo toca, al creerse un intocable.
Entretanto, los vientos huracanados desvían la tormenta de la Alcaldía Distrital a la Gobernación del Atlántico donde el gobernador Eduardo Verano, presuntamente incurrió en la misma falta del alcalde Char, al nombrar en su gabinete el 1º de enero de 2024 a la exdiputada Karina Llanos (2020-2023) en la gerencia de Capital Social, cuando esta culmino su periodo el pasado 31 de diciembre de 2023. Es decir, sin cumplir el tiempo de los 12 meses para ocupar un cargo en la administración pública.
No se conoce aún denuncia contra el mandatario y si existe, su juez natural no lo ha notificado.
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*Carlos Herrera Delgáns, periodista y escritor.