En medio de un operativo de revisión a equipos de medida en el municipio de Sabanalarga por parte de la empresa Air-e, se presentó un acto de violencia física, verbal y psicológica en contra del personal técnico autorizado que adelantaba estas labores y de daño a sus implementos de trabajo, con los cuales se garantiza la prestación de un servicio esencial como es el de la energía eléctrica.
El mencionado operativo se encuentra amparado por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) que tiene como objetivo certificar la exactitud de la medida y normalizar las instalaciones que no funcionen adecuadamente y que representen peligro para los mismos usuarios.
En la arteria principal de este municipio del Atlántico, la calle 22, un individuo se abalanzó de forma agresiva sobre los trabajadores de las cuadrillas, atacándolos físicamente y dañando con un arma contundente en su mano —un tubo metálico— la escalera para realizar su labor amparada en la ley.
Este acto irresponsable y violento no solo obstaculizó la tarea esencial de verificar la precisión en la medición del consumo de energía, sino que también puso en peligro la integridad de las instalaciones eléctricas, comprometiendo la seguridad de toda la comunidad ante posibles fallos en el servicio.
La rápida intervención de la Policía Nacional resultó en la captura en flagrancia de un individuo de 37 años, quien enfrenta cargos por el delito de daño en bien ajeno. Es así como se realizó la denuncia en contra de esta persona, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General.
Al respecto, la compañía indicó que el accionar del capturado incumple la ley 142 de 1994 por el hecho de que constituye un acto que perturba el legítimo derecho que tiene la empresa de adelantar esta labor. El artículo 29 señala que las personas que perturban estos tipos de trabajo son acreedoras de multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales por cada semana o fracción de demora de los trabajos.
Adicional, el individuo cometió el delito de constreñimiento y el delito de agresión. Para ambos casos, Aire está respaldado por un sólido marco legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, respondan por sus delitos y se hagan plenamente responsables ante la justicia.