El procedimiento de los técnicos se llevó a cabo en una lujosa vivienda de estrato seis ubicada en la calle 103 con la carrera 49E, barrio Villa Santos, en donde se detectó la manipulación del equipo de medida de manera evidente con un puente para evadir el pago del consumo real de energía.
De acuerdo con las primeras valoraciones técnicas la apropiación del fluido eléctrico asciende a más de 7 millones de pesos mensuales y alrededor de 90 millones de pesos al año aproximadamente.
Con esta manipulación del medidor también se evadía el pago del impuesto denominado «contribución de solidaridad», el cual representa el 20% de la energía apropiada; es decir, un millón 400 mil pesos mensuales y 18 millones de pesos al año.
Lo reprochable de esta conducta es que manera consiente se está afectando también el patrimonio público, puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios más necesitados (subnormales y residenciales de estratos 1, 2 y 3). De esta manera si se evade parte del pago de la contribución, le corresponde al estado aportar los recursos necesarios para cubrir el déficit que se genera con esta conducta.
Por esta razón es que el robo de energía en estos tiene una importancia mayor y no puede pasar desapercibido en nuestra sociedad.
Mientras tanto, en la carrera 39 N. 37-43 cerca al parque San José se encontraron líneas directas para alimentar un establecimiento de comercio dedicado a la comercialización de bebidas embriagantes.
Por otra parte, en el barrio Abajo en la calle 39 N. 50B-89 se detectó un servicio directo en una plastiquera, lo que también implica una manipulación de las redes de distribución que Air-e administra, opera y mantiene.
Estos casos detectados evidencian que el robo de energía es un comportamiento común entre los distintos usuarios del servicio de energía, pero a su vez refleja la efectividad que tiene Air-e en la detección, denuncia y normalización de estas instalaciones; sin perjuicio de las acciones penales.
“A pesar de las campañas realizadas hay personas naturales y establecimientos comerciales que insisten en conectarse ilegalmente. Esto no solo afecta a la empresa sino a la calidad del servicio como tal”, informó el Gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín De la Hoz.
Es importante señalar que estas conductas tipifican el delito de Defraudación de fluidos, el cual tiene una pena máxima de 6 años y una multa máxima de 150 salarios mínimos.
Por otra parte, al manipular los medidores e instalaciones eléctricas se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como también se dañan los electrodomésticos.
Para la empresa son fundamentales las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente en contra de los delincuentes que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito. A través de los operativos realizados diariamente se ha logrado una mejora contundente en la disminución de las pérdidas de la región en los últimos meses.
A la fecha la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por estos mismos delitos y por el delito de concierto para delinquir.