El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, respondió a las críticas que ha recibido el tribunal desde sectores como Acore, que integran militares retirados, que señaló que la jurisdicción no tiene “legitimidad moral” para juzgar a soldados y los señaló de estar politizados.
“Nosotros somos un tribunal establecido por el estado colombiano y tenemos una función jurídica de determinar los máximos responsables de los peores crímenes en el conflicto, y en ese orden de ideas actuamos con base en pruebas, en evidencias. Este es un caso muy robusto”, manifestó en diálogo con La W.
En relación con la vinculación al general (r) Paulino Coronado, el más alto oficial en el listado, el presidente del tribunal señaló que la imputación en su contra se debe fundamentalmente a su responsabilidad por cadena de mando.
“La cadena de mando tiene que verse comprometida como en este caso, pues no solamente tiene que perseguirse la conducta criminal, sino aquellos que la califican, que la estimulan, que la incentivan, y tienen responsabilidades de exigir que toda operación tenga un objetivo legítimo”, indicó.
A su vez, reafirmó que existió un “patrón criminal y no se trató de manzanas podridas”, en relación con los responsables de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Catatumbo.
Asimismo, manifestó que en los próximos días se conocerán nuevas decisiones como las adoptadas este martes, pero en relación con el Batallón La Popa.
Sobre la audiencia de reconocimiento de los excomandantes de las Farc que aceptaron su responsabilidad por el delito de secuestro, el presidente de la JEP indicó que esa diligencia se adelantará en los próximos meses.